Durante la Revolución Mexicana (1910-1920), líderes como Pancho Villa o también el gobierno federal utilizaron la “leva” para reclutar campesinos, muchos de los cuales eran arrastrados de sus comunidades para luchar en un conflicto que no entendían. Leva es un término que hace referencia al reclutamiento forzoso o coercitivo de personas, por lo general para integrarlas a ejércitos, milicias o grupos armados, sin contar con su consentimiento voluntario. Su origen proviene del italiano leva («levantar» o «reclutar») y se asocia históricamente a contextos de guerra, conflictos sociales o emergencias nacionales en los que los Estados o facciones recurren a este método para sostener sus fuerzas militares. A diferencia del servicio militar voluntario, la leva se impone por la fuerza, a menudo mediante redadas, amenazas o presiones sociales y suele afectar a los sectores más vulnerables (campesinos, pobres, minorías), generando resistencia, desplazamientos o trauma colectivo.

La precariedad laboral, entendida como inestabilidad, bajos salarios, falta de seguridad social y de derechos laborales, ha sido un fenómeno creciente en muchas economías del mundo, particularmente en América Latina. En paralelo, el narcotráfico se ha consolidado como una de las industrias ilícitas más lucrativas y estructuradas a escala global. Aunque a primera vista podrían parecer fenómenos distintos, lo cierto es que existe una relación estrecha entre ambos: la carencia de oportunidades laborales dignas, en especial entre los jóvenes, se convierte en terreno fértil para el reclutamiento por parte de las organizaciones criminales.

En México, la precariedad laboral y el narcotráfico se entrelazan en un ciclo perverso que genera una nueva leva que puede atribuirse a la falta de oportunidades a  los jóvenes, que los convierte en carne de cañón para la economía ilegal. Este fenómeno no es casualidad, sino resultado de décadas de políticas fallidas, desigualdad estructural y un sistema económico que normaliza la explotación.

La raíz del problema se remonta a las políticas neoliberales de las últimas décadas. La flexibilización laboral, el desmantelamiento del sector agrícola tras el TLCAN y la privatización de servicios públicos que han exacerbado la desigualdad. Para la antropóloga Rosario Román, “el narcotráfico es el hijo no deseado del neoliberalismo: prospera donde el Estado abdica de su rol social”[1]. A ello se suma la corrupción: según Transparencia Internacional, México pierde 5% de su PIB anual en desvíos a redes criminales[2].

México registra una de las tasas más altas de informalidad laboral en América Latina: 56% de la población ocupada trabaja sin seguridad social ni contratos estables[3]. Para los jóvenes, el panorama es aún más desalentador: 30% de los menores de 30 años ni estudia ni trabaja (“ninis”), mientras que quienes encuentran empleo suelen aceptar salarios mínimos (4,300 pesos mensuales) y jornadas extenuantes[4]. José Luis Estrada advierte que “la juventud mexicana está condenada a elegir entre migrar, sobrevivir en la economía informal o caer en redes delictivas”[5].

En zonas donde el Estado está ausente o actúa con violencia, las organizaciones criminales ocupan funciones que van más allá de lo ilegal. No solo contratan, también otorgan préstamos, construyen infraestructura, proveen seguridad y generan una economía paralela donde circula el dinero y se mantiene cierto orden. En ese sentido, el narcotráfico no solo se nutre de la precariedad, sino que se convierte en un patrón de facto. Así, la economía ilegal se mimetiza con la vida cotidiana, diluyendo la frontera entre lo ilícito y lo necesario.

El problema no puede analizarse sin atender a las causas estructurales: políticas neoliberales que debilitan al Estado, falta de inversión en educación pública, corrupción sistémica y estrategias de seguridad enfocadas en la militarización en vez de la prevención. La lucha contra el narcotráfico ha sido muchas veces un simulacro que criminaliza al eslabón más débil —el campesino cocalero, el “halcón”, la “mula”— mientras se protegen los intereses de las élites financieras y políticas que lavan dinero, permiten la circulación de armas y se benefician del negocio.

La nueva leva no es solo una generación, sino un ejército de reserva forzado a la marginalidad. Como planteó Marx, el capitalismo genera un “ejército industrial de reserva” que presiona a la baja los salarios. En México, este concepto se traduce en millones de jóvenes excluidos, cuyo único “empleador” accesible suelen ser los cárteles. Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Cisen, explica: “Los cárteles reclutan en zonas donde el Estado brilla por su ausencia: ofrecen dinero, poder y un sentido de pertenencia que el mercado laboral formal niega”[6].

El narcotráfico emplea a aproximadamente 175,000 personas en México[7], muchas de ellas jóvenes de comunidades rurales o periurbanas. No se trata de una elección moral, sino de una respuesta a la desesperación económica. En estados como Michoacán o Sinaloa, los salarios en cultivos lícitos no superan los 100 pesos diarios, mientras que un halcón puede ganar el triple por un día de vigilancia. Como resume un informe del Colegio de la Frontera Norte: “El crimen organizado llena los vacíos que deja un Estado incapaz de proveer movilidad social”[8].

Así, la precariedad laboral y el narcotráfico son dos caras de una misma moneda: un sistema que prioriza el capital sobre la vida. Sin embargo, las élites políticas insisten en soluciones represivas, ignorando que, como advierte Alba Vega, “sin justicia económica, la nueva leva seguirá siendo presa de los cárteles”[9]. El vínculo entre precariedad laboral y narcotráfico no es solo una coincidencia desafortunada: es el resultado de décadas de abandono social y de una economía que expulsa a millones de personas hacia la marginalidad. Combatir el narcotráfico sin atender a la raíz de la precariedad es como cortar la maleza sin arrancar la raíz. Solo una transformación profunda de las condiciones laborales, educativas y sociales podrá romper este círculo vicioso. En última instancia, se trata de restituir la dignidad del trabajo y la vida.

[1] Román, R. (2017). Neoliberalismo y violencia en México

[2] TI, 2021.

[3] Inegi, 2023

[4] Estrada, J. L. (2020). Juventud y precariedad en México

[5] Estrada, J.L. (2020). Juventud y precariedad en México

[6] Valdés Castellanos, G. (2010). Historia del narcotráfico en México.

[7] La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Informe global sobre empleo en economías ilícitas.

[8] Colegio de la Frontera Norte, 2019.

[9] Alba Vega, C. (2018). Informalidad y exclusión en América Latina.